Publicado por Hay estampas que retratan el alma marchita de una gestión mejor que cualquier discurso oficial. Ocurrió hace unos días en la Colegial del Divino Salvador. Una anciana de 98 años, sevillana de cuna, vecina del barrio y devota del Señor de Pasión durante casi un siglo de vida, intentaba hacer lo que ha hecho siempre: acercarse en su silla de ruedas a rezarle a sus Titulares. La escena, que debió ser un acto cotidiano de fe y respeto, chocó de frente contra el muro más frío e insensible que existe: la burocracia de la taquilla.
Para que la mujer pudiera sortear las barreras arquitectónicas del templo, el capiller de la hermandad —que bastante tiene con lidiar con semejante panorama— se disponía a colocar la rampa de acceso a la capilla Sacramental. Fue en ese instante cuando saltó el resorte del negocio: un guardia de seguridad frenó en seco al capiller. ¿La razón? «No se puede abrir la reja en horario turístico» sin la autorización del encargado. La devoción de una vida, al parecer, queda supeditada al flujo de visitantes con audífonos.
Lo que vino después roza la mezquindad. Ante la indignación de la familia, el encargado no solo no resolvió el problema, sino que se atrevió a amenazar con llamar a seguridad para expulsarlos de la iglesia. Y mientras esto sucedía, el rector y párroco, a escasos metros, continuaba colocando bancos haciendo oídos sordos, mirando hacia otro lado como si la dignidad de una feligresa centenaria fuera un asunto ajeno a su ministerio.
Conviene dejar esto meridianamente claro: las hermandades que residen en el Salvador no tienen la menor culpa de esta aberración. Sus capilleres y oficiales bastante hacen aguantando a diario la humillación de ver cómo un vigilante de seguridad manda más en el interior del templo que el propio sentido común o el espíritu evangélico. La responsabilidad señala de forma directa a la gestión del rectorado y a las directrices mercantilistas marcadas por la Archidiócesis.
Para entender cómo hemos llegado hasta aquí hay que analizar el modelo. Tras la costosa y millonaria restauración del Salvador, el Palacio Arzobispal descubrió un filón inagotable. Implantaron la entrada conjunta con la Catedral y transformaron un templo vivo en una máquina de hacer caja. Aquí es donde encaja a la perfección la vieja máxima del pan y circo. A la ciudad se le vende la fiesta, el oropel, el bullicio de la magna de turno y el brillo patrimonial para mantenernos entretenidos y complacidos durante la Semana Santa o los grandes eventos eclesiásticos. Nos dan la ilusión de que el patrimonio es «nuestro». Pero en el día a día, cuando se apagan los focos, la realidad escupe la verdad: nos aplican la versión eclesiástica del «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Te prestan la devoción para la foto oficial, pero te cobran peaje o te imponen barreras si pretendes ejercerla en tu rutina de feligrés. El circo lo ponemos todos; el pan de la recaudación se lo quedan ellos.
Este atropello en pleno centro de Sevilla no es un caso aislado ni un fallo puntual de protocolo. Es la consecuencia directa de exportar e imponer un modelo de explotación privada en el patrimonio sagrado a lo largo y ancho de la provincia. En Carmona, en la Prioral de Santa María de la Asunción, el acceso para el visitante está estrictamente tarifado por la red de gestión monumental y con el horario turístico netamente separado de las horas de culto. En Osuna, la Insigne Iglesia Colegial se ha convertido en un recurso de primer orden donde la prioridad de los recorridos guiados y accesos gravita en torno al tique de entrada. Mientras tanto, en los enormes complejos parroquiales y monumentales de Utrera o Écija se replica esta misma estructura de circuitos turísticos, peaje de entrada e imposición de controles sobre la vida cotidiana de la parroquia.
El argumento oficial siempre es el mismo: «los residentes entran gratis» o «el dinero sirve para conservar el templo». Es la gran falacia. La gratuidad teórica para el local se convierte en una carrera de obstáculos en la práctica: horarios reducidos de culto, capillas cerradas con cancela porque «molestan a la visita pagante», accesos restringidos y la constante fiscalización de un personal de seguridad que actúa como aduanero de la fe.
La estampa es dantesca: la fe de una persona mayor, de 98 años, fiscalizada por un guardia de seguridad mientras el párroco mira para otro lado. A eso ha quedado reducida la gestión del patrimonio sagrado. Nos explicaron en el Evangelio que Cristo expulsó a los mercaderes del templo, pero en la Sevilla del siglo XXI Palacio ha preferido hacerles un contrato de externalización, ponerles un torno en la cancela y cobrarles comisión por cada entrada. Lo que en el Nuevo Testamento era una profanación, hoy en la Archidiócesis se firma como plan de viabilidad económica. Vergüenza debería darles
Fotografía: Guillermo García – Junco.
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