La archidiócesis de Sevilla, a través de la delegación de Asuntos Jurídicos ha decidido intervenir en las cuentas de la Hermandad del Valle.
Este hecho se produce por una supuesta desviación del presupuesto aprobado en cabildo general de hermanos aprobado correspondiente al año 2021, cuyo escrito fue remitido a la autoridad eclesiástica por el ex hermano mayor de la corporación Lucas Maireles.
En este sentido y a fecha del pasado 10 de mayo, se decreta que, en lo que queda de mandato de la actual junta de gobierno presidida por Gonzalo Pérez de Ayala, que «toda variación que se quiera realizar sobre el presupuesto aprobado por el cabildo general de hermanos habrá que contar con la autorización del protectorado canónico de la archidiócesis de Sevilla«.
Además también «habrá que rendir cuentas mensualmente» al mismo organismo. Se tendrá que realizar en la primera quincena del mes siguiente.
Por el momento, desde la Hermandad del Valle no se ha pronunciado al respecto públicamente.
Una supuesta desviación del presupuesto aprobado en cabildo general de hermanos
Tras haber recibido el escrito por parte de Maireles, el delegado episcopal para asuntos jurídicos, Miguel Vázquez Lombo le concedió a la junta de gobierno, el pasado 26 de abril, un plazo perentorio de cinco días para que rerspondiera a ese requerimiento. Tras esos días, no se recibió ningún tipo de comunicación al respecto al propio ex hermano mayor.
Según lo expuesto, «no es la primera vez que bajo la presidencia del actual hermano mayor se produce una desviación en los presupuesto aprobados por el cabildo general de hermanos, y que en su día se exhortó al mismo y a la actual junta de gobierno a que se evitara toda imprudencia en la administración de los bienes temporales».
Cabe recordar que esta corporación se encuentra en una situación delicada tras el desfalco de 136.000 euros producido por su exmayordomo y exclavero Antonio Manuel C.L. durante el mandato del ex hermano mayor Lucas Maireles, condenándolo el pasado año 2021 a dos años de prisión y una multa de 1.440 euros por un delito de de apropiación indebida de los fondos de la corporación.