La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel al exmayordomo del Valle por el presunto desfalco

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El representante legal de la Hermandad del Valle, Antonio Cádilla, ha indicado que esta la corporación pretende el esclarecimiento de los hechos que investiga el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla por un posible desfalco. Por ello confía en la Fiscalía, que pide tres años y medio de prisión, para el único investigado en esta causa, Antonio Manuel C.L., quien fuera su mayordomo.

En declaraciones a Europa Press, Cádilla ha señalado que, en este proceso judicial, la entidad pretende el esclarecimiento de los hechos y la recuperación de su patrimonio por lo que, a tal fin, confía “plenamente” en el “leal y buen hacer” del Ministerio Público.

Cabe apuntar que el Ministerio Fiscal ha solicitado para el encausado una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de diez meses con cuota diaria de seis euros (1.800 euros) por un delito continuado de apropiación indebida. Asimismo, solicita que indemnice a la hermandad con la cantidad que pericialmente se estima desfalcada, unos 175.000 euros, y que abone la costas procesales.

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía expone que el acusado estuvo ejerciendo en la Hermandad del Valle el cargo de clavero –auxiliar de mayordomo– desde junio de 1999 hasta junio de 2007, fecha en la que en junta de gobierno se le nombró mayordomo hasta junio de 2015, habiendo estado un total de ocho años.

Así, tal y como expone el Ministerio Público en su relato de los hechos, entre las funciones de Antonio Manuel se encontraba las de administración y gestión de bienes de la hermandad, la vigilancia y control de todos los gastos con cargo a los fondos de la archicofradía, firmar y vigilar los contratos realizados, recaudar el cobro de los recibos de las cuotas, así como informar trimestralmente de todas las cuentas al cabildo de oficiales y rendir cuentas anualmente.

La Fiscalía añade que el acusado accedió a ser mayordomo porque tanto el que fue hermano mayor de 2003 a 2011 como otro hermano “le iban a ayudar en su tarea” si bien estas personas “se limitaban a llevar en el programa Excel la contabilidad con los datos que le facilitaba el procesado“, quien tenía acceso mediante clave a la cuenta bancaria de la hermandad.

Continuando su exposición de los hechos, el Ministerio Fiscal indica que hasta 2011, se contrastaban los movimientos y saldos bancarios cono los que Antonio Manuel reflejaba para entregarlos en los cabildos anuales de cuenta. “Ello no obstante, era imposible el control del dinero que en efectivo metálico recibía el acusado y debía ingresar en la caja de la hermandad pues nadie de la Junta o cabildo hacía recuento de ello” por lo que “parte de este dinero pasó a formar parte del peculio personal de acusado“, continúa la Fiscalía.

Así, el Ministerio Público apunta que a partir del cese del hermano mayor, cuando “ya sin el debido control de la cuenta bancaria por parte ningún responsable de la hermandad”, el encausado, “aprovechándose de la confianza que había sabido ganarse”, empieza a expedir cheques sobre todo al portador que cobraba por ventanilla y de cuyo importe en buena medida “se apropiaba”, junto con parte de los ingresos que recibía la hermandad en efectivo sin perjuicio de que algunas cantidades se destinaran a pago de gastos reales efectuados por la hermandad.

El procesado, “para disimular y ocultar las cantidades de las que se apoderaba”, aprendió desde 2011 a copiar en una hoja de Excel los movimientos de la cuenta bancaria, movimientos que acto seguido “modificaba a su antojo” creando al efecto “una cuenta o banco paralelos” que era “la que presentaba” a la aprobación de las cuentas anuales.

Una vez fue nombrado un nuevo mayordomo, Antonio Manuel manifestó al Cabildo que había 26.939 euros en la cuenta bancaria de la hermandad, si bien tras oportunas investigaciones a raíz de que el acusado “había ‘perdido’ el documento diocesiano de los nuevos cargos de la Junta y no se podía acceder a la cuenta bancaria”, éste reconoció que había distracción de fondos “hasta 77.152 euros” y manifestó varias veces su intención de pagar esa cantidad.

Finalmente, la Fiscalía recoge que se realizó un informe pericial a instancias del Juzgado, en el cual el perito designado tras un “nuevo y exhaustivo” análisis de todos los movimientos de la cuenta bancaria de la hermandad durante los años 2011 al 2015 indicó que el perjuicio económico ascendía a la cifra de 175.982 euros.

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